Desde la Asamblea de Izquierda Unida de Tetuán queremos resaltar públicamente la posición política aprobada en la reciente IX Asamblea de IU Comunidad de Madrid, y vamos hacerlo por dos razones:
1. Que la ciudadanía esté informada de cuál es la opinión de IU ante la estafa que han supuesto los hechos acontecidos en Bankia.
2. Que nos sirva a nosotros mismos como autocrítica de lo que no debemos hacer al participar en órganos institucionales; si estamos, y creemos que debemos estar en todos los frentes, es para ser la voz, los oídos y los ojos del Pueblo.
Sólo debemos lealtad a la ciudadanía
Resolución aprobada: Balance sobre las cajas y Bankia
Las ayudas públicas a los bancos no son nuevas. Hasta la aprobación de el plan de rescate, el Estado español ha otorgado apoyo económico a bancos y cajas por importe de 215.000 millones de euros y el Banco Central Europeo ha dado crédito a los mismos por 316.000 millones de euros (la mayoría al 1%, a devolver en 3 años). Más de medio billón de euros a los que ahora se sumarán otros 100.000, el 60% del PIB español. Seis veces más que los recortes del gasto que están aplicando. ¿Quién va a pagar ese dinero? Quien solicite un préstamos o tenga una cuenta en un banco, claro, y también, el erario público.
¿Cuál es el problema de las entidades financieras? Que deben muchísimo más de lo que tienen para pagar. La relación entre sus activos (mayoritariamente préstamos) y su patrimonio neto, es de 29 a 1 de media, eso significa que en el momento que la economía va mal (por que hay recesión, algo cíclico en el capitalismo) basta con que la morosidad supere el 3,5% para que no tengan capacidad para hacer frente a sus deudas. Si no fuera por la ayudas públicas, la inmensa mayoría de los bancos y cajas estarían en quiebra. Y eso es cierto para el Estado español, Europa y Estados Unidos. Durante los años de «vacas gordas» algunos han hecho un gran negocio mediante el crédito a mansalva, cuando han venido las «flacas» nos dejan a la mayoría las deudas.
La situación de BFA-Bankia sólo es la representación a escala de la situación general del sistema financiero. Por eso suenan tan ridículas las excusas de Rodrigo Rato en su carta de despedida, cuando afirma que la situación de Bankia es el resultado de unas exigencias de provisiones por futuras pérdidas, demasiado elevada. Si el problema son unas normas la solución sería cambiarlas. Pero el problema son las deudas y quién las paga. Antes de la última petición de ayuda, BFA-Bankia ya ha recibido ayudas públicas por más de 30.000 millones y ha pedido al BCE unos 40.000 millones en préstamos por que, como el resto de entidades financieras, tiene los balances llenos de créditos incobrables.
Si se nos ha tratado de presentar el problema como algo exclusivo de las cajas, es por el interés de usarlas como chivo expiatorio y facilitar venta barata al capital privado, previo pago de las deudas con dinero público.
Sin embargo, ha facilitado la operación la gestión de los consejos de administración de las cajas integradas en Bankia, que si no hubiera sido por la obligación de invertir en Obra Social, hubiera sido imposible distinguirla de la de los bancos, puesto que pusieron los recursos de las cajas al servicio de las grandes empresas y de las obras faraónicas. El mero hecho de que las cajas estén más implicadas que los bancos en la burbuja inmobiliaria da fe de ello. La participación de Caja Madrid en empresas constructoras e inmobiliarias y aseguradoras, contrasta con lo que hubiera podido ser una política conjunta administraciones y caja para promover vivienda protegida en suelo público y mediante una empresa pública de construcción para crear un parque público de viviendas en régimen de alquiler a precios reales. Créditos a Martinsa-Fadesa, inversiones en la Warner, financiación de la obra faraónica de Gallardón y Aguirre. Esa ha sido la política de Caja Madrid.
Por supuesto, la situación de entidades como Bankia es responsabilidad principal del PP que ha tenido la mayoría en las administraciones que decidían los consejos de administración de las Cajas que la conforman. Pero, el conjunto de la izquierda sindical y política, ha demostrado ser incapaz de denunciar esta situación y presentar una alternativa a lo largo de estos años. La constitución del Banco Financiero y de Ahorros en diciembre de 2010, que abre la puerta al proceso de privatización de Caja Madrid, es aprobada por más del 97% de los miembros de la asamblea general de Caja Madrid (con representantes de la izquierda sindical y política madrileña). Incluso la ley de Cajas de la Comunidad aprobada en junio de ese año que facilita la privatización no cuenta con un solo voto en contra en el Parlamento.
No hay duda de que es por eso, que hemos tenido que asistir al bochorno de que sea UpyD y la extrema derecha quien presente una denuncia contra el consejo de administración de Bankia. Y, por lo que nos toca, IUCM no puede cerrar en falso su propia actuación en Caja Madrid, y que acuerda depurar sus propias responsabilidades y cambiar su política al respecto, siguiendo los pasos dados por la dirección federal y yendo al encuentro del sentir mayoritario de nuestros afiliados y afiliadas.
Porque ante esta situación sólo cabe plantear la nacionalización integral y definitiva de BFA-Bankia y del conjunto de las antiguas cajas y sus bancos participados, para convertirlos en el primer paso en la creación de una auténtica banca pública, que estuviera sometida a un verdadero control democrático y libre de directivos «milloneuristas» vinculados a la banca, puesto que no podemos «poner la zorra a cuidar del gallinero». A eso hay que unirle otras dos medidas: la auditoría pública de todas las entidades financieras –nunca hecha por entidades privadas, pues no podemos confiar en ellas– para saber cuál es su situación real, y la entrada de representantes públicos en todas aquellas que reciban ayudas públicas de cualquier índole. Con el dinero público empleado en rescatar a los bancos y cajas ya se los podría haber nacionalizado íntegramente varias veces.
Y es que la principal lección de esta crisis, es que no podemos dejar los ahorros de la sociedad en manos de empresas privadas cuyo fin necesariamente será la obtención del máximo beneficio para su grandes accionistas, una norma sagrada en la economía de mercado que se revela como la fuente del máximo perjuicio para la mayoría.