El pasado martes 13 se celebró el pleno de mayo de la Junta Municipal de Tetuán, al que Izquierda Unida llevó diversas iniciativas en favor de nuestras vecinas y vecinos. A destacar el hecho de que el PP haya rechazado para su debate la mitad de nuestras iniciativas. Aquí un resumen:
Limpieza y desbroce del solar de la calle Mariano Serrano 22
Propusimos llevar a cabo la limpieza y desbroce del solar de la calle Mariano Serrano 22, dada la situación tan lamentable de suciedad y degradación en el que se encuentra. Durante el pleno, el Partido Popular votó a favor de esta proposición pero presentando una relación de actuaciones llevadas a cabo por la JMD-Tetuán, en un intento de justificar por qué este solar lleva casi 2 años sin limpiarse. Desde IU Tetuán se intentó conocer el estado de las multas coercitivas, pues según el procedimiento establecido es a partir de la 3ª multa impuesta cuando se puede proceder a la acción sustitutoria por parte de los servicios públicos, pero desde el PP no supieron contestar a este hecho, por lo que nos preguntamos: si para presentar la primera sanción han pasado 2 años y es necesario 3 multas para proceder a la limpieza, ¿cuanto tiempo va a durar este solar en estas condiciones lamentables?
El PP niega desviaciones de fondos desde partidas de gastos sociales
Desde IU Tetuán también nos preocupamos por las desviaciones de fondos desde partidas de gastos sociales a otras relacionadas con intereses de demora y similares, por lo que lanzamos la pregunta. La política de recortes del PP tiene uno de sus ejemplos más dramáticos en el Ayuntamiento de Madrid. Los derroches presupuestarios de la era de Gallardón han dejado a la ciudad con la deuda municipal más grande de España, y ha hipotecado la gestión presupuestaria durante muchos años, afectando a las políticas sociales y teniendo un importante impacto negativo en la actividad económica. El problema desde la perspectiva de la política social es que los recortes llegan por dos vías: la reducción directa de las partidas de gastos sociales y un nivel de ejecución de éstas inferior al resto.
El Plan de Ajuste aprobado en el 2012 está provocando una fuerte reducción de los gastos municipales, lo que está afectando sobre todo a los gastos sociales. Estos tienen debido a ello unas partidas presupuestarias excesivamente mermadas; sobre todo teniendo en cuenta que se refieren a actividades municipales dirigidas a familias especialmente castigadas por los recortes y la situación laboral actual. Este es el caso entre otros del Programa de Atención a Mayores, y en especial de la Ayuda a Domicilio, donde se observan importantes modificaciones presupuestarias negativas. Por el lado de la ejecución se produce un segundo recorte de facto, pues a pesar de que su nivel de ejecución en el ejercicio de 2013 ha sido elevado, son precisamente las partidas dedicadas a gastos sociales las que presentan una mayor desviación.
La concejala habla de un grado de ejecución superior al 95% cuando según los datos de que dispone IU a penas sobrepasan el 80%. De hecho por la información de que se dispone parece evidente que las cantidades no utilizadas han servido principalmente para financiar partidas por intereses de demora, generadas por los retrasos del Ayuntamiento con las contratas municipales al no pagar en el plazo fijado por ley los servicios prestados. Ante la pregunta realizada por nuestros vocales, la concejala contestó apresuradamente de palabra, negando la desviación y dando unas cifras de ejecución dudosas y muy superiores a las facilitadas hasta ahora; pero el tipo de debate previsto en el reglamento no permite contrastar argumentos ni verificar nada de momento.
La Junta Municipal niega nuevamente apoyo a familias de Ventilla amenazas por desahucio
Esta nueva iniciativa relacionada con la situación de los afectados por los desahucios que se van a producir como consecuencia del proceso de privatización de viviendas del IVIMA ha sido de nuevo rechazada con la excusa habitual de que las competencias sobre vivienda social son de la Comunidad de Madrid. Opinión que no comparten otras juntas de distrito presididas por el PP y hasta el propio Ayuntamiento, en todos los cuales si se ha podido tratar el asunto. Esta vez además no se trataba de las viviendas propiamente dichas sino de la dramática situación en la que se van a encontrar los afectados dentro de unos meses, y que sí es responsabilidad de los servicios sociales de la Junta. Sin embargo, la Junta de Tetuán se niega a tratarlo porque es consciente de que ha sido un grave error político, que podría tener consecuencias judiciales –hay una querella admitida por el juez-, que ha dejado en una situación de desamparo a los vecinos y no ha respetado sus derechos y, lo que es peor para el PP, que hay unas elecciones a la vista y no puede admitir un debate democrático en el pleno en el que quedaría en evidencia su insensibilidad ante de los problemas que más alarma han despertado entre los vecinos. Como mucho estarían dispuestos a tratar caso por caso en los despachos y fuera de la luz del control democrático del pleno de la Junta y de los medios.
La propuesta de Izquierda Unida – Los Verdes sólo pedía un debate y un posicionamiento de los grupos a favor de un plan de ayuda a los afectados dotado de recursos humanos y económicos suficientes, y de la articulación de mecanismos de información para estos. Pero al PP le preocupa más la erosión electoral de este escándalo que la alarma social generada entre los vecinos; agravada ésta al conocerse que muchos de los afectados no están dentro del plan de alquiler con opción a compra de los jóvenes, como Comunidad y Ayuntamiento venían diciendo; sino que se trata de personas con necesidades especiales, como discapacitados, victimas de violencia de género y personas sin recursos, las cuales van a perder la subvención pública en el alquiler cuando sean expulsados de sus casas por el fondo buitre al que se han vendido las viviendas a un precio social al que ellos no han tenido derecho. Ya hay dos casos de desahucio anunciado y varios a los que el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora ha ofrecido las viviendas a un precio de mercado, que caso de no aceptar les obligará a abandonar sus hogares a la finalización dentro de unos meses de los contratos suscritos con el IVIMA.
Los vecinos afectados por este proceso caracterizado por su opacidad se enteraron del mismo por los medios de comunicación, y muchos están indignados porque no se les ha reconocido el derecho de tanteo que preveía la reglamentación. Para colmo de desatinos el precio de mercado ofrecido por la empresa adjudicataria para comprar sus viviendas triplica el social que ésta ha tenido que satisfacer a la Comunidad de Madrid. Es decir, el fondo buitre recibe un trato social que se niega a los afectados.
Ocultación de información sobre la gestión del PP en nuestros barrios
Desde la Junta Municipal de Tetuán se evitó responder a asuntos tales como dónde estaban situados los contenedores de reciclaje en los barrios de Almenara y Castillejos. Una vez más, la JMD-Tetuán nos niega la posibilidad de conocer de forma abierta y publica (función esencial de el pleno de una Junta de distrito) bajo el modelo tristemente clásico que de forma reiterada utilizan para rechazar cualquier tipo de control democrático a sus actos de gobierno. Pierden las vecinas y vecinos de Tetuán por una doble vía: las instituciones democráticas no funcionan y los servicios públicos que deberían gestionar tampoco lo hacen de manera eficiente y adecuada.
También evitaron dar información sobre el derribo del huerto urbano del Colegio Púlico Ignacio Zuloaga, que ya denunciamos desde Izquierda Unida. Denegaron la pregunta para su debate en el pleno, siendo enviado un informe que debía suplir el debate, pero no ha sido así. El documento es a todas luces insuficiente, limitándose a mostrar las razones que han motivado a realizar la demolición, sin detallar el coste de esta, es decir, sin contestar a la pregunta formulada. IU Tetuán valoramos esta actitud como irresponsable, pues además de haber omitido esta pregunta del orden del día, la contestación que se ha dado en su lugar evade responder al objetivo de la misma, que es conocer el coste de destrozar un huerto urbano en cuyo solar se encontraban escombros, basuras y otros elementos que, pese a ser de propiedad municipal, no se habían eliminado en años.