Para quien no lo sepa, las becas comedor garantizan que las familias que no pueden permitirse el coste del servicio comedor en los colegios madrileños, puedan disfrutarlo gratis. Es importante tener en cuenta que van dirigidas a familias en riesgo de pobreza:beneficiarios de la RMI o del IMV, o con unos ingresos per cápita inferiores a 4260 euros. NO se trata de una ayuda cualquiera. La única comida completa que pueden permitirse para sus hijos e hijas muchas familias es la del colegio. Sin embargo, la norma reguladora de la convocatoria de este año no habla del derecho a la alimentación.

Las solicitudes se tenían que presentar en 15 días. Aunque era posible hacerlo de manera presencial en los registros de la Comunidad, se dio preferencia a la presentación telemática. Repetimos, a familias con ingresos muy por debajo de lo aceptable. Madrid les decía, literalmente: «pierdan ese tiempo que emplean tontamente en ganar dinero para comer en aprender sobre formularios en línea y certificados digitales». Ahí estuvieron maestros y colectivos sociales, volcados en ayudar a que nadie se quedase fuera. Y funcionó.

Entonces se publicaron las listas de solicitudes excluidas. Un 80 por ciento, por defectos de forma fácilmente subsanables, y que obedecían a una interpretación estricta de la norma: por ejemplo, que solo hubiera firmado un cónyuge: o que hubieran firmado los dos, pero sin presentar una autorización para hacerlo. También ha habido una buena cantidad de solicitudes presentadas, que sencillamente no existían.

Detrás de esta gestión caótica tenemos la decisión de externalizar el servicio. A una empresa que, es obvio, no estaba preparada para la tarea, que hasta el momento había llevado a cabo la propia Administración Regional ¿Recuerdan ese proveedor, con unas pocas ambulancias, que recibió el encargo de medicalizar las residencias de ancianos durante el peor momento de la COVID?. Pues el patrón es idéntico: encargar algo a una empresa que no tiene capacidad para cumplir. Cuando arrancó el plazo para presentar las subsanaciones -seamos pesados:el 80 por ciento de las solicitudes en la mayoría de colegios-, la aplicación se cayó y fue necesario ampliarlo un día, hasta el 4 de octubre. Nuevamente, se organizó todo un dispositivo de personas dispuestas a ayudar a las familias a resolver la papeleta. En Tetuán, por ejemplo, nuevamente el papel de docentes y asociaciones ha sido determinante. En este barrio los movimientos sociales han sido arrasados, pero no eliminados. El barrio no ha perdido el reflejo de la pelea.

Intentando poner algo de orden en el caos creado, la Comunidad de Madrid ha garantizado que, mientras se subsane el problema de las solicitudes, las familias excluidas tendrán acceso al comedor sin coste. ¿Y qué sucede si finalmente no obtienen la beca? Mantener en la incertidumbre a las familias más desfavorecidas de Madrid es una crueldad por otro lado nada sorprendente de una presidenta como Ayuso. Y no nosa gusta nada tener que constatar un hecho así. Si la destrucción del tejido social de Tetuán sigue al ritmo que lleva, vamos a necesitar una Administración que tenga como principio apoyar a quien lo necesita.