Desde IU Tetuán denunciamos que está en marcha una estrategia política por parte de los partidos que sustentan el gobierno de Madrid (PP, Cs y Vox), consistente en crear alarma social respecto a una supuesta inseguridad estructural en el distrito de Tetuán, que no existe, para favorecer los intereses de constructoras y empresas de seguridad, totalmente alejado de las necesidades del Distrito.
En una reciente reunión del Consejo de Seguridad del Distrito de Tetuán, en la que se contó con la participación de representantes de la Policía Nacional y Municipal, se informó de la intención del gobierno regional de colocar una serie de cámaras en diferentes puntos del distrito, lo cual fue aprobado por el pleno del ayuntamiento de Madrid tras una intensa campaña política y mediática de criminalización del vecindario de estas zonas.
Enmarcada en esta estrategia de criminalización está el mensaje publicado anteayer en Twitter por el concejal Mariano Fuentes (Cs), del Área de Desarrollo Urbano, en el que presentaba el derribo de un edificio histórico en la calle Cantueso, obra de los maestros ladrilleros, como un éxito de su «Plan AntiOkupas». Aunque en el Foro Local de Tetuán se acordó conservar la fachada de estas viviendas para preservar el aspecto de la zona, el ayuntamiento no ha tenido reparos en acabar con el patrimonio histórico del distrito poniendo como excusa un supuesto problema de «okupación».
Al margen de estos mensajes alarmantes, lo que trasladan los representantes de la Policía es una realidad bien distinta. Tetuán no es un distrito especialmente conflictivo ni peligroso y, de hecho, respecto a las calles en las que está prevista la instalación de cámaras, la Policía asegura que es absolutamente seguro pasear por ellas. Tampoco ha aumentado la «okupación» de viviendas.
Desde IU Tetuán rechazamos la instalación de las cámaras anunciadas, tanto por su coste desproporcionado (950.612 euros entre Tetuán y Vallecas), como por su nula utilidad o necesidad, en un distrito en el que existen graves necesidades sociales que el Ayuntamiento no está atendiendo. Por ejemplo, en materia de servicios sociales, señalamos que sean voluntarios y asociaciones del Distrito, no vinculadas al ayuntamiento, las que están en muchos casos atendiendo a personas y familias del distrito en situación de necesidad, algo que se ha multiplicado con el avance de la pandemia del Covid-19 en nuestra ciudad.
Respecto a la «okupación», los partidos del gobierno regional magnifican un problema muy minoritario para crear alarma social, en el que se mezclan un cúmulo de situaciones diversas de gran complejidad. No tiene nada que ver un allanamiento de morada, sobre la primera o segunda residencia, que implicaría un desalojo inmediato, con la okupación de edificios abandonados como históricamente ha hecho el movimiento okupa, rehabilitándolos y abriéndolos al vecindario, o el caso de familias que deciden okupar su propia vivienda, vendida ilegalmente a fondos buitre.
Lo que se persigue criminalizando la «okupación» y mezclando todas estas situaciones es, además de favorecer determinados intereses empresariales, facilitar el desalojo de viviendas en los tiempos que vienen, desproteger por ejemplo a inquilinos que no tengan contrato o que no puedan asumir subidas abusivas de alquileres, favorecer en definitiva la gentrificación y la expulsión de la población obrera de nuestros barrios.