En un comunicado el pasado mes de noviembre, la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (FENACEIN), que agrupa a centros privados de educación infantil de toda España, pidió a las administraciones públicas que «el 0-3 debe ofrecerse exclusivamente en centros específicos de 0-3, como tantas veces defendemos desde nuestra federación», ya que a su juicio, lo que demanda Europa es «que debe crecer la escolarización en 0-3». Ese mismo mes, la Consejería de Educación de Madrid anunció, en una reunión cerrada con las direcciones de las escuelas infantiles públicas 0-6, el cierre de las plazas de 3 a 6 años en sus centros.

El cierre de estas escuelas que planea hacer Madrid, se hace a pesar de la aprobación a nivel estatal la Ley Orgánica de Educación LOMLOE, en la cual se considera a la educación infantil «la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad«, y en la que se establece en su artículo 12.2 que los centros que acojan a niños «con edades entre cero y seis años deberán ser autorizados por las Administraciones educativas«. Ayuso, que actúa al dictado de la patronal de escuelas privadas, atenta así directamente contra los derechos de los niños y niñas a una educación infantil completa, contra las familias que han elegido esos centros y en contra de lo aprobado por las Cortes Españolas.

La patronal de escuelas privadas FENACEIN, fundada en 2016, reclama desde sus inicios un modelo educativo de gestión privada pero financiado con dinero público, algo que partidos pretendidamente liberales como el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, han ido aprobando todos estos años. Así lo defendían expresamente ante las instituciones de Madrid en 2017, cuando reivindicaron «la coexistencia entre las escuelas infantiles públicas y privadas» y «un modelo de financiación de las plazas de la red privada mediante ayudas a las familias». Ahora y con la aprobación de los fondos europeos, han pasado a defender directamente que no se abran plazas públicas de eduación infantil ya que, dicen, son innecesarias y además pondrían «en peligro de desaparecer» a los centros privados, por lo cual piden directamente excluir de los fondos a las escuelas infantiles 0-6.

La intención de Ayuso es, por tanto, desmantelar las plazas públicas de 3 a 6 años y que sean así cubiertas por el sector privado, que lleva tiempo reclamando más y más mercado. De esta forma llegarán los fondos europeos pensados para crear plazas públicas, pero no se destinarían a crear dichas plazas públicas sino a reorganizar las existentes de 3-6 años como de 0-3, como un juego de trileros para engañar a Europa, y emplear así el dinero que llegue para favorecer al sector privado. Es decir, pretende continuar la línea política pasada, consistente en dar dinero público al sector privado mediante cheques, subvenciones y privilegios fiscales, mientras hacen recortes de personal, ponen trabas o directamente cierran las escuelas infantiles públicas.

Para acometer este plan, el gobierno regional está actuando de forma oscurantista y probablemente ilegal. Las familias denuncian que la Consejería de Educación de Madrid ha convocado a dos personas por cada escuela afectada a reuniones privadas, en las que no se toman actas de nada, no se escucha la opinión de los afectados, no se aportan documentos y no queda constancia alguna por escrito de ningún tema tratado. Así mismo, denuncian la recepción de cartas preguntando, en el caso de cierre, a qué otros colegios querrían mandar las familias a sus hijos, algo que sospechan se hace para obtener una «prueba» de que estas familias quieren moverse a otras escuelas. Las familias solicitarían otro colegio por miedo a quedarse sin plaza el año que viene, y el gobierno regional aduciría así que el cierre de estas escuelas 0-6 se realizaría por falta de demanda ya que las familias preferirían otros centros.

A día de hoy no hay ningún documento público que informe del cierre de las escuelas infantiles, aunque la información ha salido en los medios de comunicación y de esas reuniones a puerta cerrada.

Desde el grupo político de Unidas Podemos en Tetuán vamos a seguir movilizándonos con toda la comunidad educativa y todas las fuerzas políticas que defiendan los servicios públicos, para evitar que las intenciones privatizadoras lleguen a consumarse. Denunciamos la supeditación del gobierno autonómico de Madrid a los intereses privados y exigimos que cesen en sus ataques a la Escuela Pública. Animamos a las familias a mantener la lucha.

Fuente de la imagen: Twitter del AMPA Los Ángeles (Tetuán)